miércoles, 17 de julio de 2013

Por un modelo de contrainformación


Es sobradamente conocida por la generalidad de la población española,   sin distinciones de clase y con independencia del nivel formativo e   intelectual del ciudadano al que consultemos sobre este particular, la   enorme influencia y el inmenso poder que ejercen los medios de   comunicación masivos en todas las cuestiones de la arena pública, en la mentalidad de los ciudadanos y en la formación de la opinión pública   sobre todo tipo de asuntos, desde lo mas trascendentales a los más banales.

 Éstos potentes comunicadores y creadores de opinión, constituyen, sin   ningún margen para la duda y de facto, un Cuarto Poder, anejo a los tres   grandes poderes constitucionales del Estado, aunque no en el sentido  propio y estricto del término.

Aunque está apreciación sea poco rigurosa desde la óptica jurídica y no  encuentre acomodo alguno en los postulados más elementales del Derecho  constitucional, ya que carece de base doctrinal alguna, de la misma   manera que los medios de comunicación carecen, en su configuración, de  los elementos definitorios, característicos y consustanciales a los  poderes centrales del Estado, la afirmación es perfectamente acertada  desde una perspectiva interpretativa y extra-jurídica y, asimismo, disfruta  de una amplia aceptación en distintas disciplinas académicas.

Este planeamiento, que situa a los medios de comunicación, en el contexto de la sociedad de la información, en un lugar central de la vida política, podría defenderse bajo la misma premisa y con idéntico  fundamento, respecto del Poder Financiero y, en este caso, con mayor aplomo y vehemencia si cabe, a la vista del secuestro al que tienen sometida a la democracia y su supremacia o alianza con los gobernantes. Pero no es este el tema de reflexión en la presente publicación. Con esta referencia al despótico mundo financiero, únicamente pretendo evidenciar la existencia, en nuestros modelos de organización, de tiranías ocultas, privadas y secretas - ya sean del mundo financiero o mediático-que, de facto, condicionan en gran medida la agenda institucional y las decisiones públicas, cuyos efectos repercuten directamente en la ciudadanía y dañan severamente las máximas democráticas.

Observamos, con total claridad y de manera nítida, como agentes externos y ajenos a las instituciones con poder de decisión, emanadas de un sistema democrático (en su versión occidental y constitucionalista), interfieren e influyen en la gestión de los asuntos públicos que, al menos en el plano téorico, esta confiada exclusiva y excluyentemente a delegados  electos, con legimitad legal y racional para adoptar decisiones en nombre de la colectividad delegante.

Además de su papel protagonista en la vida política, moldeando y maleando la agenda institucional hasta el extremo de marcar los grandes temas a discutir, los medios de comunicación, tradicionalmente y con mayor incidencia, cuando empezaron a operar como auténticos medios de masas, han constituido uno de los grandes instrumentos y mecanismos de socialización y el principal vehículo, junto con la educación, para transmitir una visión sobre la realidad y fomentar una cultura determinada. A mi parecer y después de la educación, la comunicación informativa y periodística, es el  mayor arma de adoctrinamiento -sin la carga peyorativa que suele acompañar a este término- y una herramienta de gran calado para forjar la subjetividad polìtica interna, en el plano individual,  y la cultura política, en el plano colectivo.

Precisamente por todo ello,es de vital importancia rediseñar un modelo de comunicación y regular la actividad periodística en favor de los interes generales  y, sobre todo, en nombre de la profesionalidad, rigurosidad e independencia, como reglas supremas que debe presidir la actividad periodística. Todo ello con el propósito de recuperar la esencia de la actividad informativa y, simultanea y cumulutivamente,  desintoxicando la  denostada imagen, práctica  y realidad de los medios de comunicación en nuestro Estado. Una realidad que sitúa a los medios de comunicación, como potentes corporaciones al servicio de los poderosos, expertos manipuladores y distorsionadores de los acontencimientos de la vida pòlítica, económica y social y execrables herramientas de inoculaciòn de la cultura hegemógica pro capitalista.

Y es aquí donde irrumpe mi propuesta, algo debil y falta de desarrollo en algunos aspectos, pero guiada por nobles ideales y orientada a constuir instrumentos de comunicación social y política que satisfagan enteramente los  principios que deben regir la actividad periodística: independencia, rigurosidad y ética profesional. Es una propuesta que se encuadra dentro de las reivindicaciones planteadas por los movimientos populares y que encuentra su referente en los sistemas de gestión de los medios de comunicación promovidos y puestos en marcha en algunas regiones de America Latina. Para ser mas exactos, me refiero a los proyectos de comunicación e información comunitarios, de administración colectiva y popular, que con gran acogida y seguimiento, se han impulsado en territorios zapatistas y en algunos puntos de Bolivia y Venezuela.

En consecuencia y partiendo de las premisas expuestas, este modelo de comunicación, radicalmente democrático, abierto y plural, exige expropiar los medios de comunicación masivos y convencionales a las grandes corporaciones mediáticas que los controlan en los países capitalistas (en los que el grueso de los programas, tertulias, periódicos y medios en general, están gestionados por sectores de la derecha con suficeintes recursos económicos  para emprender en el mundo de la comunicación) y entregarlos a la sociedad en pos de la colectivización de la actividad comunicativa e informadora y con la finalidad de preservar la verdad en la labor periodística.

Y es que, es lógico, racional y de sentido común que si los mecanismos de difusión y transmisión informativa se introducen, como sucede en nuestro país y en los países de la familia capitalista-liberal, en la lógica de la economía de mercado, la mercantilización y el corporativismo penetrarán en ellos como un punzón ardiente, defenestrando cualquier atisbo de crítica, independencia y oposición que pudiera existir en ellos, contaminado el mundo del periodismo y condenando a los profesionales de esta imprescindible labor, a ser meros sujetos pasivos y cómplices de la estafa informativa perpretada por estos abyectos creadores de opinión.




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